La declaración de culpabilidad por el ataque incendiario de Boulder cerró el capítulo federal de uno de los casos de delito de odio más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos el jueves 29 de octubre de 2026. Mohamed Sabry Soliman, de 46 años, compareció esposado y con grilletes ante un tribunal federal de Denver y se declaró culpable de 12 cargos federales, incluidos nueve delitos de odio y tres cargos por explosivos, por el ataque con bombas de gasolina contra una marcha pacífica en Boulder, Colorado, que mató a una mujer e hirió a más de una docena de personas. Según el acuerdo de culpabilidad, la fiscalía federal pide una condena de cadena perpetua más 50 años, un castigo que se sumaría a la cadena perpetua sin libertad condicional que ya cumple por los cargos estatales.
La audiencia, presidida por el juez superior John Kane, duró alrededor de una hora. Soliman respondió con calma a las preguntas del juez a través de un traductor, según los reportes desde la sala, y admitió que lanzó dos cócteles molotov contra personas que participaban en una reunión semanal de Run for Their Lives el 1 de junio de 2025, y que atacó a los manifestantes por su religión o su origen nacional, reales o percibidos. La fiscalía ha renunciado a pedir la pena de muerte en el caso federal, aunque el propio Soliman llegó a solicitarla. Será sentenciado el 7 de enero de 2027, cuando se espera que las víctimas se dirijan al tribunal y al acusado directamente.
La audiencia federal puso un punto final formal a un proceso que comenzó pocos días después del ataque. La fiscal Melissa Hindman dijo al tribunal que el acuerdo de culpabilidad pide una condena de cadena perpetua más 50 años, según reportó el Denver Post. La fiscalía federal pidió que la condena federal se cumpla de forma consecutiva a la condena estatal, es decir, que comience solo después de la condena estatal, pero el juez Kane dijo que aún no se había decidido sobre esa cuestión.
Kane fue franco con ambas partes sobre la incertidumbre que queda por delante. Dijo a fiscales y abogados defensores que no se había decidido sobre la sentencia y señaló que las directrices de sentencia se le ofrecen "como consejo" y que "a veces sigo ese consejo y a veces no". Añadió: "No sé cuál será la sentencia y no lo sabré hasta que estudie … todo a fondo". Esa respuesta cuidadosa y abierta significa que será la audiencia de enero, y no la declaración del jueves, la que decida cómo encaja el castigo federal junto a la condena estatal que Soliman ya cumple.
Uno de los rasgos más llamativos del caso federal es lo que la fiscalía decidió no hacer. Soliman había pedido antes la pena de muerte para sí mismo. En su sentencia estatal de mayo, hablando a través de un intérprete de árabe, dijo: "Desearía que este estado ofreciera la pena de muerte, pero dado que este estado no la contempla, sino que podría ser una posibilidad en mi caso federal, pido a la fiscalía del caso federal que imponga la pena de muerte porque considero que esa es la justicia para la señora Diamond". La fiscalía federal se negó a solicitarla, y los cargos de los que se declaró culpable se castigan con cadena perpetua.
El ataque ocurrió la tarde del 1 de junio de 2025, frente a un tribunal municipal en el corazón del popular distrito comercial peatonal de Pearl Street, en Boulder. Las víctimas participaban en una marcha semanal de Run for Their Lives, una reunión pacífica en solidaridad con los rehenes secuestrados por milicianos de Hamás que asaltaron aldeas israelíes desde Gaza el 7 de octubre de 2023. La fiscalía dijo que Soliman gritó "Palestina libre" mientras las bombas de gasolina que lanzó contra la multitud estallaban en llamas e incendiaban a varias personas.
La policía y la fiscalía dijeron que Soliman había planeado el ataque durante meses y que atacó deliberadamente la marcha porque sentía que perjudicaría a participantes "sionistas". Se disfrazó de jardinero para no levantar sospechas al acercarse al grupo, con una camisa de color claro bajo un chaleco amarillo en el que había escrito "1187" con un rotulador, un número que después dijo a la policía que se refería al año 1187. Los investigadores dijeron que, como parte de su planificación, tomó un curso de armas ocultas para aprender a disparar, pero descubrió que su estatus migratorio le impedía comprar un arma. Sin arma, dijo a los investigadores, recurrió a la gasolina y a botellas de vidrio, junto con un pulverizador de mochila del tipo que usan los jardineros para fumigar.
Soliman es un ciudadano egipcio que vivió en Kuwait con su familia durante más de 10 años antes de llegar a Estados Unidos. Las autoridades federales han dicho que entró al país a finales de 2022 con una visa de turista y que después solicitó asilo. Él, su ahora exesposa y sus hijos vivían en Colorado Springs, a unas 100 millas al sur de Boulder, donde trabajaba como conductor de Uber. Tras el ataque, las autoridades federales de inmigración intentaron deportar a su familia, pero un juez detuvo ese esfuerzo al dictaminar que la familia no podía ser deportada de inmediato debido a su solicitud de asilo pendiente. Soliman retiró mociones relacionadas con solicitudes para bloquear la expulsión de su familia antes de cambiar su declaración federal, según los registros judiciales.
El costo humano del ataque se mide en las víctimas. Más de una docena de personas resultaron heridas en la violencia del 1 de junio, y Karen Diamond, de 82 años, murió después a causa de sus heridas. Su muerte convirtió un delito de odio con heridos masivos en un caso de asesinato, y es su nombre el que el propio Soliman invocó cuando pidió la pena de muerte en su sentencia estatal. En mayo, se declaró culpable de todos los cargos estatales que se le leyeron, pidió perdón y negó algunas de las acusaciones en su contra, incluida la de ser antisemita. El tribunal estatal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y la declaración federal añade ahora un segundo juicio paralelo a ese historial.
El acuerdo de culpabilidad importa por tres razones. Primero, elimina cualquier duda sobre el historial federal: Soliman ha admitido ahora en audiencia pública, bajo juramento, que atacó a los manifestantes por su religión o su origen nacional, y esa admisión quedará como el relato federal formal del ataque. Segundo, evita a las víctimas y a sus familias un juicio federal, con su testimonio, contrainterrogatorio y riesgo de absolución en algún cargo, y aun así entrega una sentencia que la fiscalía describe como cadena perpetua más 50 años. Tercero, deja la única cuestión realmente abierta, sentencias consecutivas o concurrentes, en manos del juez Kane, quien ha señalado que estudiará todo el expediente antes de decidir.
Ese último punto merece entenderse. Una sentencia federal consecutiva significaría que el castigo federal solo comienza después de la condena estatal perpetua, lo que, para un hombre que ya cumple cadena perpetua sin libertad condicional, es en gran medida simbólico pero jurídicamente significativo: crea una segunda condena perpetua independiente que sobreviviría incluso si la condena estatal llegara a verse alterada. Una sentencia concurrente se cumpliría al mismo tiempo que la condena estatal. La negativa de Kane a comprometerse el jueves es una prudencia judicial normal, no una señal de desacuerdo con la declaración, y ambas partes argumentarán el punto en la sentencia.
El caso también se sitúa en un contexto nacional más amplio. Los procesos federales por delitos de odio son una de las herramientas más serias que tiene el Departamento de Justicia para ataques motivados por prejuicios, y el caso de Boulder, con su combinación de marcha pública, motivo religioso y de origen nacional, y una muerte, ha sido seguido de cerca por grupos de derechos civiles y por comunidades judías de todo el país. La declaración de culpabilidad, casi 17 meses después del ataque, cierra la cuestión de la culpabilidad tanto en el sistema estatal como en el federal, y deja solo la forma final del castigo por decidir.
Las palabras más importantes en la sala el jueves vinieron del juez. "No sé cuál será la sentencia y no lo sabré hasta que estudie … todo a fondo", dijo Kane, un recordatorio de que la declaración, por completa que sea, no es la sentencia. La fiscal Melissa Hindman expuso con claridad la posición del gobierno: el acuerdo de culpabilidad pide cadena perpetua más 50 años, cumplidos de forma consecutiva a la condena estatal.
Las propias palabras anteriores de Soliman siguen enmarcando el caso. En su sentencia estatal, se declaró culpable de cada cargo que se le leyó, pidió perdón y negó algunas acusaciones, incluida la de ser antisemita, aun cuando admitió los hechos del ataque. Su petición de que la fiscalía federal impusiera la pena de muerte, porque creía que era "la justicia para la señora Diamond", no fue concedida. La fiscalía del caso federal se negó a pedir la pena de muerte, y el acuerdo de culpabilidad refleja esa decisión.
Más allá de la sala, el ataque ha dejado una marca duradera en Boulder. El Pearl Street Mall, una de las calles peatonales más conocidas de Colorado, fue escenario de una marcha pacífica semanal que se convirtió en objetivo precisamente porque era pública, regular y visible. Las reuniones de Run for Their Lives, celebradas en ciudades de todo el mundo para mantener la atención sobre los rehenes tomados el 7 de octubre de 2023, continuaron después del ataque, y la declaración federal es un reconocimiento formal por parte del sistema de justicia de que los manifestantes de Boulder fueron atacados por quienes eran y por lo que representaban.
Este caso importa porque pone a prueba cómo responde el sistema de justicia estadounidense a un asesinato motivado por el odio cometido en público, contra personas que ejercían su derecho a reunirse pacíficamente. La respuesta, en Boulder, ha llegado ya dos veces: una cadena perpetua estatal sin libertad condicional y una declaración federal de culpabilidad con una recomendación de cadena perpetua más 50 años. Juntas, envían el mensaje de que los ataques contra manifestantes pacíficos se perseguirán con todo el peso de la ley estatal y federal, y que el motivo, atacar a personas por su religión o su origen nacional, se nombrará en el tribunal y no quedará como trasfondo.
También importa para las víctimas y sus familias. Una declaración de culpabilidad evita un juicio, pero no evita la audiencia de sentencia, donde se espera que las víctimas hablen. Esa audiencia, el 7 de enero de 2027, será la primera vez que muchas de ellas se dirijan al tribunal y al acusado en el caso federal, y sus declaraciones formarán parte del expediente que el juez Kane estudie antes de decidir la sentencia. Para la familia de Karen Diamond y para las más de una docena de personas heridas en Pearl Street, ese día será el capítulo público final de un caso que comenzó con una marcha y terminó en fuego.
Soliman será sentenciado el 7 de enero de 2027 ante un tribunal federal de Denver. El juez Kane decidirá si la sentencia federal se cumple de forma consecutiva o concurrente con la cadena perpetua estatal, después de escuchar a las víctimas y estudiar todo el expediente. Soliman permanece bajo custodia, cumpliendo su cadena perpetua estatal sin libertad condicional mientras tanto. No se esperan más audiencias antes de la sentencia, y el acuerdo de culpabilidad significa que no habrá juicio federal.
La historia más amplia no termina con la sentencia. Las marchas de Run for Their Lives continúan, la cuestión de los rehenes que motivó las reuniones originales sigue siendo parte de la conversación nacional, y la recuperación de Boulder tras un ataque en su calle más pública sigue en marcha. Pero la historia legal, la cuestión de qué harían los tribunales con el hombre que lanzó bombas de gasolina contra una marcha pacífica, se resolverá en enero, cuando el juez Kane dicte la sentencia federal.
Mohamed Sabry Soliman, de 46 años, es un ciudadano egipcio que vivía en Colorado Springs y trabajaba como conductor de Uber. Entró a Estados Unidos a finales de 2022 con una visa de turista y después solicitó asilo.
El 29 de octubre de 2026, se declaró culpable ante un tribunal federal de Denver de nueve cargos por delitos de odio y tres cargos por explosivos, 12 cargos federales en total, por el ataque incendiario del 1 de junio de 2025 en Boulder.
Más de una docena de personas resultaron heridas cuando Soliman lanzó bombas de gasolina contra una marcha de Run for Their Lives en el Pearl Street Mall de Boulder. Karen Diamond, de 82 años, murió después a causa de sus heridas.
La fiscalía pide cadena perpetua más 50 años y solicitó que la sentencia federal se cumpla de forma consecutiva a su cadena perpetua estatal. El juez John Kane aún no se ha decidido sobre esa cuestión.
La sentencia está programada para el 7 de enero de 2027 ante un tribunal federal de Denver, cuando se espera que las víctimas se dirijan al tribunal.
Cobertura relacionada en US News Pulse: los cargos por fraude electoral del Departamento de Justicia en cinco estados y el tercer caso penal contra el exdirector del FBI James Comey.
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