El gobierno de Trump planea deportar a más de 150 inmigrantes afganos a Afganistán, una medida que enviaría de regreso al país del que escaparon a personas que huyeron del retorno de los talibanes al poder, según un funcionario estadounidense y una coalición de veteranos y grupos de defensa que hablaron el viernes 30 de octubre de 2026. Las deportaciones de afganos, informadas primero por The New York Times y confirmadas en líneas generales por Reuters, comenzarían con un vuelo tan pronto como el lunes 2 de noviembre, y se situarían entre las mayores expulsiones individuales de afganos desde la caótica retirada de 2021.
Decenas de los afganos que enfrentan la expulsión ya han sido detenidos en Luisiana, informó el Times, y el gobierno pretende canalizar las deportaciones a través de Pakistán porque Washington no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno talibán en Kabul y, por tanto, no puede organizar retornos directos. El Departamento de Seguridad Nacional se negó a confirmar cualquier operación futura de expulsión, alegando seguridad operativa, lo que deja a familias, abogados y defensores reconstruyendo lo que sucederá a partir de los traslados a centros de detención y del silencio oficial.
Reuters informó el viernes que el gobierno planea deportar a algunos inmigrantes afganos a Afganistán, citando a un funcionario estadounidense y a una coalición de veteranos y grupos de defensa. The New York Times, citado por Reuters, situó el número esperado en más de 150 e informó que decenas de afganos habían sido detenidos en Luisiana antes de las expulsiones, con el primer vuelo previsto tan pronto como el lunes. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional han confirmado públicamente el número, la ruta en detalle ni el calendario de vuelos. La posición pública del departamento, según Reuters, fue que no confirmaría operaciones futuras de expulsión, alegando seguridad operativa.
La ruta práctica importa. Como Estados Unidos no reconoce al gobierno talibán y no mantiene vínculos diplomáticos con él, no puede simplemente entregar a los deportados a las autoridades afganas en el aeropuerto de Kabul de la manera habitual. Un funcionario estadounidense dijo a Reuters que las deportaciones se harían vía Pakistán, un país vecino que a su vez ha expulsado a más de 2 millones de ciudadanos afganos a Afganistán desde 2023. Ese viaje posterior a través de Pakistán es una de las razones de la alarma de los defensores: un informe reciente del grupo No One Left Behind halló que los aliados afganos deportados desde terceros países, abrumadoramente desde Pakistán, denunciaron abusos durante la expulsión y amenazas o violencia tras el retorno.
El presidente Donald Trump ha presentado su ofensiva migratoria y su campaña de deportaciones como una medida para mejorar la seguridad interna, señaló Reuters. Los defensores de derechos responden que la ofensiva viola las garantías del debido proceso y la libertad de expresión y ha creado un entorno inseguro para las minorías, que han planteado preocupaciones sobre perfiles raciales. Ese choque de enfoques — aplicación de la ley por seguridad en un lado, riesgo legal y humanitario en el otro — ha definido casi todas las grandes operaciones de expulsión del segundo gobierno de Trump, pero los casos afganos tienen una carga adicional por quiénes son muchos de los deportados y qué hicieron durante la guerra más larga de Estados Unidos.
Casi 200.000 afganos fueron reubicados en Estados Unidos entre la retirada estadounidense de agosto de 2021 y el inicio del segundo gobierno de Trump, según el grupo de defensa Refugee Rights, llegando como titulares de visas especiales de inmigrante, personas bajo parole humanitario, refugiados y asilados. Aproximadamente 200.000 afganos llegaron a Estados Unidos tras la caída de Kabul en agosto de 2021, informó asimismo la agencia de reasentamiento HIAS, muchos de ellos mediante programas de parole humanitario tras el puente aéreo que siguió al retorno de los talibanes al poder.
Durante años su estatus fue temporal y por capas. Afganistán fue designado por primera vez para el Estatus de Protección Temporal (TPS) en mayo de 2022, en reconocimiento del riesgo para los civiles tras el retorno talibán, y la designación se prorrogó y redesignó en septiembre de 2023. El TPS protegía a sus titulares de la deportación y les permitía trabajar mientras sus casos a más largo plazo — solicitudes de asilo, visas especiales de inmigrante u otras formas de protección — estaban pendientes. Luego, el 12 de mayo de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la terminación de la designación de TPS para Afganistán, efectiva el 14 de julio de 2025, afectando a unos 11.700 afganos, según la propia estimación del departamento citada en informes posteriores. Una prórroga de siete días de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito retrasó brevemente el fin, pero la terminación entró en vigor después del 21 de julio de 2025, dejando sin protección contra la deportación y, en muchos casos, sin autorización de trabajo válida, a quienes no habían conseguido otro estatus.
La justificación declarada del gobierno fue que las condiciones en Afganistán habían mejorado, citando lo que llamó mejoras notables en la seguridad y la situación económica, y que mantener el TPS sería contrario al interés nacional. Grupos de defensa y expertos legales disputaron firmemente esa evaluación, señalando la continua represión talibán, los asesinatos selectivos y el conflicto. La agencia de refugiados de Naciones Unidas ha informado de más de 9 millones de refugiados y desplazados internos en Afganistán, más del 20 por ciento de la población del país, una medida de lo inestable que sigue el país cinco años después de la toma del poder.
Junto a la terminación del TPS, el gobierno suspendió el reasentamiento de refugiados en su primer día en el cargo en enero de 2025, actuó para restringir el parole y más tarde cerró la oficina del Coordinador de Esfuerzos de Reubicación Afgana del Departamento de Estado. La Ley de Ajuste Afgano, que habría dado a los afganos llegados bajo parole un camino a la residencia permanente, se presentó en 2022 y se reintrodujo en 2025, pero quedó estancada en el Congreso, dejando a decenas de miles navegando un sistema de asilo atrasado y un programa de visas especiales tensionado, o enfrentando la expulsión.
El núcleo humano del nuevo plan de deportación es el vínculo entre los deportados y el esfuerzo bélico estadounidense. Shawn VanDiver, director de #AfghanEvac, la coalición que ha seguido el destino de los aliados afganos desde 2021, dijo a Reuters que muchos de los que enfrentan la expulsión huyeron de Afganistán tras la toma del poder por los talibanes en 2021. Algunos, dijo, son "hermanos e hijos de hombres que sirvieron junto a las fuerzas estadounidenses, familias que los talibanes ya tienen todos los motivos para perseguir". Esa advertencia no es abstracta. Los talibanes han pasado cinco años persiguiendo a exsoldados, intérpretes, policías y trabajadores del gobierno, y los familiares de quienes sirvieron son tratados habitualmente como representantes de esas personas.
Una encuesta publicada en octubre de 2026 por No One Left Behind, basada en respuestas recogidas entre el 3 y el 30 de septiembre de aliados afganos deportados a Afganistán desde terceros países, halló que los aliados enfrentaron abusos de funcionarios de seguridad e inmigración durante la deportación y amenazas selectivas y represalias violentas por su servicio a Estados Unidos una vez retornados. De 127 encuestados que dijeron tener aprobación de Jefe de Misión — confirmación del gobierno estadounidense de que completaron un servicio elegible para la visa especial de inmigrante — u otra vía aprobada hacia la seguridad, 101, o el 80 por ciento, informaron haber sido deportados o estar sujetos a expulsión en el último año. La gran mayoría, el 86 por ciento, fue deportada desde Pakistán, el mismo país por el que se espera que pasen las nuevas expulsiones estadounidenses, y Pakistán fue también donde la mayoría de los encuestados denunció abusos físicos, acoso y extorsión durante el proceso.
Un relato de la encuesta describió a un hombre y a su esposa embarazada de ocho meses maltratados físicamente por la policía pakistaní durante la expulsión forzada, y luego separados e interrogados por los talibanes tras la deportación a Afganistán. La familia, según el informe, permanece en Afganistán viviendo con miedo a represalias talibanes mientras su caso de visa aprobado espera. Los defensores citan tales casos para argumentar que una deportación a Afganistán no es un retorno migratorio rutinario sino, para los afganos vinculados a Estados Unidos, una entrega en manos del mismo movimiento del que huyeron.
La respuesta de VanDiver fue directa y dirigida al Congreso. Instó a los legisladores a aprobar una ley que otorgue a los afganos en Estados Unidos el estatus de protección temporal para protegerlos de la deportación, la demanda que hoy encarna la Ley TPS de Afganistán de 2026. El proyecto, H.R. 9899 en la Cámara, presentado el 23 de julio de 2026, con un proyecto compañero en el Senado, S. 5308, presentado el 6 de agosto, designaría a Afganistán para el Estatus de Protección Temporal hasta el 1 de julio de 2029, restableciendo la protección contra la deportación y la autorización de trabajo para aliados afganos verificados que ya viven en Estados Unidos, ordenando al Departamento de Seguridad Nacional resolver las solicitudes en 90 días y eximiendo las tasas de presentación. Sus impulsores bipartidistas en la Cámara son Jason Crow, Don Bacon, Sam Liccardo y María Elvira Salazar; sus patrocinadores en el Senado incluyen a Chris Coons, Lisa Murkowski, Amy Klobuchar y Bill Cassidy.
#AfghanEvac ha llamado al proyecto la pieza legislativa más importante para los aliados afganos en Estados Unidos en este momento, describiendo el TPS como un puente, no un camino a la ciudadanía, para personas que ya están aquí, ya verificadas y ya trabajando en comunidades estadounidenses. Una norma especial presentada para preparar una petición de descarga en la Cámara, informada a fines de octubre, es el último intento de forzar una votación pese a sus meses en el Comité Judicial de la Cámara. El grupo también ha advertido a sus partidarios que se movilicen después de las elecciones del 3 de noviembre, escribiendo que, gane quien gane, miles de aliados afganos despertarán el 4 de noviembre enfrentando la misma incertidumbre: sin restauración de la designación de TPS de Afganistán, autorización de trabajo precaria y la posibilidad de detención o expulsión pese a su servicio.
El gobierno no ha abordado directamente, en la información de Reuters, el argumento de los aliados. Su caso público descansa en la campaña más amplia de deportaciones y la seguridad interna, y la negativa del Departamento de Seguridad Nacional a confirmar operaciones significa que la primera confirmación pública del plan podría llegar solo cuando despegue un vuelo. Los grupos de veteranos, que han estado entre los defensores más persistentes de los aliados afganos en todos los partidos, probablemente tratarán cualquier vuelo como una prueba de las promesas hechas durante la retirada: que los intérpretes y soldados que sirvieron junto a las tropas estadounidenses no serían abandonados ante los talibanes.
Las deportaciones de afganos planeadas importan en tres niveles a la vez. Primero, son una decisión humanitaria con consecuencias inmediatas e irreversibles: una vez que una persona es devuelta al Afganistán controlado por los talibanes, los tribunales, abogados y defensores estadounidenses pierden casi toda capacidad práctica de protegerla. Segundo, son una decisión de credibilidad. Estados Unidos pasó veinte años pidiendo a los afganos que trabajaran con su ejército, sus diplomáticos y sus agencias de ayuda, a menudo con riesgo mortal; cómo trata ahora a esas personas será observado por cada posible socio en cada conflicto futuro, un punto que los defensores veteranos han planteado desde el primer debate de la Ley de Ajuste. Tercero, son una decisión política días antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando un récord de 47,9 millones de estadounidenses ya han votado anticipadamente y la inmigración sigue siendo uno de los temas más disputados de la campaña.
La escala también importa. Más de 150 personas en una sola operación convertirían esto en una de las mayores expulsiones de afganos desde 2021, y el uso de la detención en Luisiana seguida de una ruta por Pakistán sugiere un sistema construido para operaciones repetidas, no una expulsión única de un puñado de personas con órdenes definitivas. Si el primer vuelo despega el lunes, los abogados estarán atentos a recursos judiciales de emergencia durante el fin de semana, a las identidades y situaciones legales de los detenidos, y a si alguno tiene solicitudes de asilo o de visa especial pendientes que deberían impedir su expulsión. El informe de Refugee Rights señaló que el gobierno también ha iniciado un programa de "revisión" destinado a devolver a refugiados afganos a detención, un contexto que hace esperar a los defensores nuevas operaciones incluso si esta se retrasa.
También hay una dimensión regional. La expulsión por Pakistán de más de 2 millones de afganos desde 2023 ya ha tensionado sus regiones fronterizas y agencias de ayuda, y una operación estadounidense que canalice deportados por Pakistán profundizaría el papel de ese país como embudo por el que los afganos son devueltos, voluntariamente o no, al régimen talibán. Gobiernos europeos, incluidos Francia, Alemania, Bélgica y Suecia, han abierto por separado canales con los talibanes sobre deportaciones de afganos que consideran riesgos de seguridad, según la actualización de octubre de #AfghanEvac, señal de que la cuestión de qué hacer con afganos que no pueden retornar con seguridad se está convirtiendo en un dilema occidental compartido y no solo estadounidense.
El calendario inmediato es corto. Si la información del Times se mantiene, el primer vuelo podría partir tan pronto como el lunes 2 de noviembre de 2026, lo que da a abogados y defensores el fin de semana para identificar detenidos, presentar mociones de emergencia y buscar órdenes judiciales que bloqueen expulsiones individuales. Hay que estar atentos a declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional, de los centros de detención de Luisiana y de #AfghanEvac y No One Left Behind, que han sido las fuentes más tempranas de información sobre expulsiones afganas durante 2026. Cualquier presentación judicial probablemente argumentará que algunos detenidos tienen solicitudes pendientes de asilo o visa, o que su expulsión violaría protecciones contra el retorno a la persecución.
En el Congreso, el esfuerzo de petición de descarga para la Ley TPS de Afganistán será la prueba legislativa. Sus partidarios necesitan la mayoría de los miembros de la Cámara para firmar y forzar una votación; sus opositores argumentan, como lo han hecho desde los debates de la Ley de Ajuste, que primero debe reforzarse la verificación. El resultado de las elecciones del 3 de noviembre determinará si ese esfuerzo gana o pierde impulso en la sesión posterior a las elecciones, y #AfghanEvac ha dicho explícitamente a sus partidarios que el trabajo continúa después de la elección, sea cual sea el resultado.
A más largo plazo, la operación sentará un precedente. Si más de 150 afganos pueden ser expulsados a territorio controlado por los talibanes vía Pakistán sin que un tribunal bloquee los vuelos, otros grupos detenidos en Luisiana y en otros lugares podrían seguir, recurriendo al grupo de aproximadamente 8.000 o más afganos en todo el país que, según un informe del Mercury News citado a fines de octubre, siguen en riesgo de deportación tras la terminación del TPS. Si un tribunal interviene, el gobierno enfrentará la misma opción que en otras disputas de expulsión: pausar, restringir la operación o impugnar la resolución en apelación. En cualquier caso, el fin de semana previo al vuelo será decisivo para las personas ya detenidas.
Más de 150, según The New York Times según Reuters, en lo que sería una de las mayores expulsiones individuales de afganos desde Estados Unidos. Decenas ya han sido detenidos en Luisiana.
Tan pronto como el lunes 2 de noviembre de 2026, según la información del Times. El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado el calendario, alegando seguridad operativa.
Estados Unidos no tiene vínculos diplomáticos con el gobierno talibán, por lo que no puede organizar deportaciones directas a Afganistán. Un funcionario estadounidense dijo que las expulsiones irían vía Pakistán, que a su vez ha expulsado a más de 2 millones de afganos desde 2023.
Muchos huyeron tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021. Los defensores dicen que algunos son hermanos e hijos de hombres que sirvieron junto a las fuerzas estadounidenses, y advierten que sus familias ya son objetivo de los talibanes. Algunos podrían tener solicitudes pendientes de asilo o visa especial.
Órdenes judiciales de emergencia para detenidos individuales, o legislación: la Ley TPS de Afganistán de 2026 (H.R. 9899 / S. 5308) restablecería la protección contra la deportación y la autorización de trabajo hasta el 1 de julio de 2029, pero lleva en comité desde julio y ahora enfrenta un esfuerzo de petición de descarga.
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