Las detenciones de ICE han aumentado en California en octubre de 2026 y han sacudido a comunidades inmigrantes desde Sacramento hasta San Diego a solo cinco días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según un informe de The New York Times basado en grupos locales que vigilan la aplicación de la ley migratoria. En la Costa Central, los activistas contaron 200 detenciones entre el 1 y el 23 de octubre, más del doble de las 93 registradas en el mismo periodo del año pasado, mientras que en Fresno, la ciudad más grande del Valle Central agrícola, los trabajadores han dejado de presentarse a sus empleos, los distritos comerciales latinos se han vaciado y la asistencia escolar ha caído.
De Sacramento a San Diego, la evidencia de un mayor control migratorio se ha acumulado durante octubre, informó The New York Times el 27 de octubre. Vehículos sin identificar esperaron frente a una oficina electoral en el norte de California. Las detenciones vaciaron campos de trabajadores en el corazón agrícola del estado. Llegaron informes de todo el estado sobre inmigrantes detenidos y sacados de sus automóviles por agentes.
En la Costa Central, la organización regional sin fines de lucro 805UndocuFund contó 200 detenciones en los condados de Santa Bárbara, Ventura y San Luis Obispo entre el 1 y el 23 de octubre, frente a 93 en el mismo periodo del año pasado. La ciudad de Santa María, hogar de muchos inmigrantes que trabajan en granjas de bayas, ha sido duramente golpeada, dijo su directora ejecutiva, Primitiva Hernández.
"Están recogiendo a personas al azar mientras esperan un viaje, compran o simplemente caminan por la calle", dijo Hernández.
En el norte de California, NorCal Resist, una organización de ayuda mutua con sede en Sacramento, registró 30 detenciones en las dos semanas entre el 7 y el 21 de octubre, frente a un promedio de 20 al mes en lo que iba del año, según su directora de programas, Giselle García.
En el condado de Sutter, al norte de Sacramento, seis camionetas sin identificar con vidrios polarizados permanecieron dos horas en un estacionamiento frente a un salón de veteranos y una oficina electoral del condado el 5 de octubre, el primer día en que abrieron las urnas allí. Donna Johnston, registradora de votantes, dijo que vio a un hombre con un chaleco de camuflaje con la inscripción "Police" y el rostro cubierto. Se acercó a uno de los vehículos, le dijo al hombre que se estaban celebrando elecciones y le entregó su tarjeta. Él no se identificó, dijo ella. Más tarde regresó y le entregó una guía estatal de referencia sobre las reglas para la actividad policial cerca de los lugares de votación.
El aumento denunciado se produce mientras el gobierno de Trump ha buscado descubrir fraude electoral en California y otros estados, con agentes de Seguridad Nacional yendo de puerta en puerta en busca de no ciudadanos registrados para votar. Un juez federal ordenó al gobierno detener esas operaciones la semana pasada, informó The New York Times. Las acusaciones de fraude electoral han sido un eje de la larga disputa del presidente Donald Trump con California, que comenzó después de que perdiera el estado por más de cuatro millones de votos en 2016. Los estudios han demostrado que la votación de no ciudadanos es excepcionalmente rara.
Los informes de California también reflejan las tácticas que los agentes migratorios han desplegado en todo el país en los últimos meses, según The New York Times. En lugar de cientos de agentes en las calles de las grandes ciudades, las operaciones han ocurrido de forma más discreta, con detenciones mientras las personas realizan su vida diaria. La mayoría de los detenidos no tenía antecedentes penales, pero se les acusaba de violar leyes civiles de inmigración.
Las paradas de tráfico y otras detenciones de ICE cerca de granjas en el centro de California, un hecho relativamente poco común incluso durante la campaña de deportación masiva, han inquietado a los trabajadores inmigrantes y amenazan a la industria que sostienen. Los grupos que vigilan la aplicación de la ley dijeron que a principios de mes empezaron a notar más camionetas sin identificar con placas de otros estados, lo que sugiere que se habían desplegado agentes adicionales en California. En San Diego, los activistas dijeron que se encontraron con agentes de Texas.
En la mañana del 7 de octubre, vehículos sin identificar rodearon el huerto de almendros donde trabajaba Pablo Pérez Hernández, de 58 años, en Kerman, cerca de Fresno, según su sobrino Lionel Pérez, de 21 años. Otros lograron huir, pero Pérez Hernández, indocumentado, y otro hombre fueron detenidos. Pérez Hernández era el sostén de su familia y el principal cuidador de su hijo adulto autista, dijo su sobrino. Fue llevado a un centro de detención fuera de Fresno. El Departamento de Seguridad Nacional no comentó su caso.
Joe García, cuya empresa de contratación laboral coloca a 4.000 trabajadores en granjas del Valle Central y la Costa Central, advirtió que la aplicación continua de la ley podría interrumpir el suministro de alimentos "porque la gente tendrá demasiado miedo de ir a trabajar". García, también presidente de la California Farmworker Foundation, dijo que el grupo había intentado asegurar a los trabajadores que la aplicación era selectiva y que los agentes no entrarían en las granjas.
Temprano el 21 de octubre, Erik Zepeda, un estadounidense de 20 años, fue derribado por agentes mientras caminaba hacia la escuela, según el distrito, que llamó al 911 después de que lograra llegar al campus. Fue tratado por lesiones en un hospital local. Tenía los brazos vendados y el rostro parecía magullado e hinchado en imágenes de un informe de televisión local. El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que los agentes lo habían confundido con su objetivo, pero lo culpó por adoptar "una postura de pelea".
En otra detención en Santa María, agentes federales detuvieron a un hombre el 5 de octubre después de que entrara en el estacionamiento de una universidad para dejar a su hija. Los agentes federales normalmente se han abstenido de actuar en campus universitarios. Lauren Milbourne, directora de asuntos públicos y comunicaciones del Allan Hancock College, proporcionó una foto del encuentro y una declaración que condenaba la acción. Dijo que representantes de ICE habían dicho a las autoridades policiales regionales en abril que no entrarían en el campus. El departamento dijo que las afirmaciones de que el hombre fue detenido en un campus universitario eran falsas, y dijo que permanecería detenido hasta que se resolviera su caso migratorio porque no había aceptado ser deportado.
En San Diego, Arturo González, de 24 años, quien alerta a los residentes con un megáfono cuando ICE está cerca e informa a cientos de miles de seguidores en redes sociales sobre avistamientos, compartió videos que filmó a principios de octubre de un agente que confirmó que era de Texas y dijo: "Estamos aquí para hacer grande a Estados Unidos". El miércoles, mientras hablaba por teléfono con un periodista, González filmó a un agente dentro de su vehículo que sacó su arma de la funda y la colocó sobre su regazo cuando González lo provocó. Ese mismo día, Alberto Ramírez, ciudadano estadounidense que se encontró con agentes de ICE cuando entró en el estacionamiento de un lugar de desayunos en San Diego, fue rociado con gas pimienta después de comenzar a grabarlos con su teléfono, dijo él. El departamento no comentó las interacciones con González y Ramírez.
"Este es prácticamente el peor aumento de actividad de ICE que hemos visto", dijo Lucas Zucker, codirector ejecutivo de CAUSE, una organización de justicia social en Ventura.
En Fresno, el concejal Miguel Arias dijo que los trabajadores han dejado de presentarse a sus empleos, los distritos comerciales latinos se han vaciado o cerrado, y la asistencia escolar ha caído. "Creo que el impacto económico y el miedo nunca han sido peores que ahora", dijo Arias.
"No podemos normalizar esta brutalidad", dijo Gloria Soto, concejal local en Santa María, tras el incidente de Zepeda.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado: "Todos los días, el D.H.S. aplica las leyes de la nación en todo el país, incluida California". No ha publicado datos de detenciones desde agosto y, en respuesta a preguntas, dijo que no revelaría sus operaciones.
De nuevo en Fresno, estudiantes han participado en paros y personas han protestado frente a las instalaciones de ICE en el centro. El 11 de octubre, unas 300 personas llenaron una iglesia local para discutir cómo ayudar a los inmigrantes afectados. Los asistentes aprendieron cómo podían unirse a esfuerzos de ayuda mutua que ofrecen viajes y entregan alimentos a quienes tienen demasiado miedo de salir de casa. Los organizadores también reclutaron personas para patrullar las calles en busca de actividad de ICE. "Nunca habíamos tenido a 100 personas en la misma sala preocupadas por la inmigración", dijo Arias. "Tuvimos a 350 personas que no se parecen a nosotros".
El momento importa porque el aumento se desarrolla cinco días antes de que los votantes decidan el control del Congreso, y porque California es a la vez el mayor estado agrícola del país y un campo de batalla central en las afirmaciones del gobierno sobre fraude electoral. Si los trabajadores agrícolas se quedan en casa, los productores advierten sobre interrupciones en las cosechas y el suministro de alimentos. Si las familias evitan escuelas, clínicas y lugares de trabajo, los efectos se extienden más allá de los detenidos, a niños, empleadores y barrios enteros. Y si vehículos sin identificar aparecen cerca de una oficina electoral el primer día de votación, incluso sin prueba de intención, los funcionarios electorales y los votantes pueden interpretar esa presencia como presión.
El silencio oficial sobre las cifras también importa. Sin datos de detenciones desde agosto, el registro público descansa en los recuentos de organizaciones sin fines de lucro, funcionarios locales y periodistas, que el departamento no puede confirmar ni refutar fácilmente en detalle. Esa brecha alimenta afirmaciones contrapuestas: los activistas describen un aumento y un efecto paralizante, mientras el departamento describe una aplicación rutinaria en todo el país y se niega a discutir sus operaciones. Lo que no se discute en el informe de The New York Times es que casos individuales —un sostén familiar sacado de un huerto, un ciudadano estadounidense derribado camino a la escuela, un padre detenido mientras dejaba a su hija— se han convertido en el rostro público de la ola de octubre.
Hay tres cosas que observar antes y justo después del 3 de noviembre. Primero, si el departamento publica alguna cifra de detenciones o responde en detalle a los recuentos de la Costa Central y el norte de California. Segundo, si los tribunales revisan las verificaciones puerta a puerta de registro de votantes tras la orden de suspensión de la semana pasada, y si alguna otra resolución aborda la aplicación de la ley cerca de los lugares de votación. Tercero, si las ausencias denunciadas en el Valle Central disminuyen después del día de las elecciones o se consolidan en una escasez laboral más prolongada, con productores, escuelas y grupos de ayuda mutua advirtiendo ya que el miedo, una vez establecido, no desaparece de la noche a la mañana.
Cobertura relacionada: Protesta contra ICE en la cárcel del condado de Monterey, Fallo sobre boletas de California: juez rechaza pedido del DOJ y DOJ acusa a titulares de tarjeta verde por voto ilegal en 5 estados.
Los activistas contaron 200 detenciones en la Costa Central del 1 al 23 de octubre de 2026, frente a 93 en el mismo periodo del año pasado, y 30 detenciones en el norte de California del 7 al 21 de octubre, por encima de un promedio previo de unas 20 al mes. El departamento no ha publicado datos oficiales de detenciones desde agosto, por lo que estos recuentos provienen de grupos locales de seguimiento, no del gobierno federal.
Sí, según la registradora de votantes del condado de Sutter, Donna Johnston: seis camionetas sin identificar permanecieron dos horas frente a un salón de veteranos y una oficina electoral del condado el 5 de octubre, el primer día en que abrieron las urnas allí. Un hombre con un chaleco de camuflaje con la inscripción "Police" no se identificó cuando Johnston se acercó a él.
Erik Zepeda, estadounidense de 20 años, fue derribado por agentes mientras caminaba hacia la escuela en Santa María el 21 de octubre y fue tratado en un hospital. El departamento reconoció que los agentes lo habían confundido con su objetivo, pero lo culpó por adoptar "una postura de pelea". Por separado, el ciudadano estadounidense Alberto Ramírez dijo que fue rociado con gas pimienta en San Diego después de grabar a los agentes con su teléfono.
The New York Times informa que el aumento de la aplicación de la ley coincide con el esfuerzo del gobierno por hallar votación de no ciudadanos en California, incluidas verificaciones puerta a puerta que un juez federal ordenó detener la semana pasada. Los estudios citados en el informe dicen que la votación de no ciudadanos es excepcionalmente rara, y los funcionarios no han vinculado públicamente detenciones específicas con investigaciones de fraude electoral.
El contratista laboral Joe García, cuya empresa coloca a 4.000 trabajadores en el Valle Central y la Costa Central, advirtió que la aplicación continua de la ley podría interrumpir el suministro de alimentos "porque la gente tendrá demasiado miedo de ir a trabajar". El concejal de Fresno Miguel Arias dijo que el impacto económico y el miedo nunca han sido peores.
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