
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) votó el jueves 29 de octubre de 2026 prohibir que todos los laboratorios chinos prueben dispositivos electrónicos destinados a Estados Unidos, en una de las medidas de seguridad tecnológica de mayor alcance que la agencia ha adoptado contra Pekín. La prohibición de la FCC a los laboratorios chinos abarca teléfonos inteligentes, cámaras, ordenadores y otros aparatos electrónicos, y amplía una restricción anterior, más limitada, que solo se aplicaba a los laboratorios propiedad del Gobierno chino o controlados por él.
Según la decisión, la FCC prohibirá los laboratorios de pruebas y los organismos de certificación de países, incluida China, que nieguen un trato recíproco a los laboratorios de pruebas con sede en Estados Unidos. Las prohibiciones entrarán en vigor en diciembre de 2028, lo que da a fabricantes, laboratorios y organismos de certificación un periodo de transición de algo más de dos años para trasladar su trabajo de pruebas a otro lugar. La agencia también simplificó su proceso de aprobación para los dispositivos probados en laboratorios estadounidenses o en laboratorios de países que no se consideran un riesgo para la seguridad nacional, una medida diseñada para que el cambio fuera de China sea más rápido y menos burocrático.
La votación, informada por Reuters desde Washington, es la última medida de Washington para endurecer su postura frente a China en materia de tecnología y equipos. No prohíbe la venta de dispositivos fabricados en China como tal. En cambio, apunta a un eslabón menos visible pero decisivo: los laboratorios que prueban los dispositivos antes de que puedan venderse legalmente en Estados Unidos, y los organismos de certificación que revisan los resultados de esas pruebas.
Casi todos los productos electrónicos que se venden en Estados Unidos deben pasar por algún tipo de autorización de la FCC antes de llegar al mercado. Los dispositivos que generan o utilizan energía de radiofrecuencia —desde teléfonos y routers hasta ordenadores portátiles, cámaras, drones y auriculares inalámbricos— deben evaluarse en cuanto a compatibilidad electromagnética y emisiones de radio, para garantizar que funcionen correctamente en su entorno previsto sin interferir con otros equipos. Los fabricantes presentan informes de pruebas de un laboratorio acreditado y, en el caso de los productos que requieren certificación, un organismo de certificación de telecomunicaciones revisa el expediente y emite una autorización de equipo. Sin esa autorización, un producto no puede comercializarse legalmente en Estados Unidos.
Por eso importa tanto dónde se realizan las pruebas. Un laboratorio no se limita a comprobar si un aparato ya terminado funciona o no. Recibe información técnica detallada sobre el producto, incluidas fotografías internas y externas, esquemas, diagramas de bloques, listas de piezas y descripciones de su funcionamiento, a menudo meses antes de que el dispositivo salga al mercado. Quien realiza la prueba, por tanto, conoce en detalle lo que una empresa está a punto de lanzar.
La nueva norma cambia quién puede realizar ese trabajo. A partir de diciembre de 2028, los laboratorios chinos ya no estarán reconocidos para probar dispositivos destinados al mercado estadounidense, y los organismos de certificación de países que rechacen el trato recíproco a los laboratorios estadounidenses también quedarán vetados. La FCC ha acompañado esa restricción con una vía de aprobación más rápida para los dispositivos probados en Estados Unidos o en países que no considera riesgos para la seguridad nacional, señal de que quiere que la industria se mueva, y no solo que deje de usar laboratorios chinos.
La votación del 29 de octubre no surgió de la nada. En 2025, la FCC prohibió que laboratorios propiedad del Gobierno chino o controlados por él probaran dispositivos electrónicos estadounidenses, y varias decenas de laboratorios quedaron vetados con esa medida anterior. La nueva decisión va mucho más lejos: abarca todos los laboratorios chinos, con independencia de su propiedad, y plantea la cuestión tanto en términos de reciprocidad como de seguridad. China, según la FCC, no tiene un acuerdo con Estados Unidos sobre pruebas y niega un trato recíproco a los laboratorios estadounidenses.
La magnitud de la concentración actual es llamativa. El presidente Carr dijo que en 2025 el 82% de los dispositivos electrónicos se probaron en China, mientras que alrededor del 4% de todos los dispositivos electrónicos se probaron en laboratorios dentro de Estados Unidos. Ese desequilibrio es el núcleo práctico de la historia. Durante años, los fabricantes han canalizado sus pruebas a través de China porque allí existía la capacidad, la infraestructura estaba consolidada y los costes eran competitivos. El resultado es que una enorme proporción de la electrónica de consumo mundial pasó por laboratorios chinos en su camino hacia las estanterías estadounidenses.
La medida de la FCC también se inscribe en una secuencia más amplia de restricciones a la tecnología china. En diciembre, la agencia prohibió la importación de todos los modelos nuevos de drones chinos, y también ha prohibido la importación de modelos nuevos de routers de consumo fabricados en China: las cajas que conectan ordenadores, teléfonos y dispositivos inteligentes a internet. En julio, la FCC votó prohibir la venta en Estados Unidos de dispositivos que contengan hardware clave de empresas chinas consideradas riesgos para la seguridad nacional. La prohibición de laboratorios extiende esa lógica desde los productos mismos hasta el sistema que los certifica.
Esa secuencia importa porque muestra un cambio en la forma en que Washington concibe el riesgo tecnológico. Las restricciones anteriores tendían a centrarse en productos terminados o en empresas concretas. La prohibición de pruebas se centra en la cadena de confianza misma: los laboratorios, los organismos de certificación y la documentación que se interponen entre una fábrica y un consumidor estadounidense. Si esa puerta de entrada se ve comprometida, sostiene el argumento de la FCC, las restricciones sobre productos concretos importan menos, porque equipos inseguros o falseados podrían seguir filtrándose.
El presidente Carr expuso el caso de la FCC en términos directos. "Estos laboratorios son una puerta de entrada crítica a la infraestructura de comunicaciones estadounidense, y su papel privilegiado les da acceso a información sensible y confidencial sobre productos electrónicos, a menudo meses antes de que los dispositivos entren en el mercado", dijo. Añadió que ese acceso podría "permitir la entrada de equipos inseguros en el mercado estadounidense, perturbar las redes de comunicaciones o incluso robar propiedad intelectual".
Cada una de esas tres advertencias apunta a un riesgo distinto. La entrada de equipos inseguros significaría dispositivos que no cumplen las normas estadounidenses de emisiones o seguridad, o que portan vulnerabilidades ocultas, llegando a consumidores y empresas. La perturbación de las redes de comunicaciones se produciría si equipos mal probados interfirieran con otros dispositivos o con la infraestructura de red. Y el robo de propiedad intelectual explotaría la ventaja de meses de la que disfruta un laboratorio de pruebas: conoce el producto aún no lanzado de un rival, sus decisiones de diseño y sus compromisos técnicos, mucho antes que el público.
La FCC no ha acusado públicamente, en la información sobre la votación, a ningún laboratorio chino concreto de robar propiedad intelectual ni de aprobar equipos inseguros. El argumento es estructural, no acusatorio: un sistema en el que el 82% de las pruebas fluye por un solo país, sin acceso recíproco para los laboratorios estadounidenses, concentra tanto el conocimiento como la influencia en un único lugar. La prohibición se presenta como una forma de romper esa concentración antes de que la ponga a prueba una crisis, y no después.
El argumento de la reciprocidad es igualmente importante en el planteamiento de la FCC. La prohibición no solo se aplica a China, sino a los laboratorios de pruebas y organismos de certificación de cualquier país que niegue un trato recíproco a los laboratorios estadounidenses. Ese encuadre permite a la agencia presentar la norma como una cuestión de equidad además de seguridad: los laboratorios estadounidenses, sostiene, deberían poder probar dispositivos para otros mercados en las mismas condiciones en que los laboratorios extranjeros prueban dispositivos para el mercado estadounidense. Donde se niegue esa reciprocidad, dice la FCC, se retirará el reconocimiento.
La voz más clara en la información sobre la votación es la del propio presidente Carr, cuya declaración enmarca la decisión como una medida de seguridad y una cuestión de puerta de entrada. Sus cifras —82% probado en China en 2025, alrededor del 4% probado dentro de Estados Unidos— probablemente se conviertan en los números más citados en el debate que sigue, porque concretan la magnitud de la transición.
La Embajada de China en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según Reuters. Ese silencio deja sin expresar, por ahora, el contraargumento más importante: si Pekín tratará la prohibición como una medida de seguridad legítima, como una barrera comercial disfrazada de seguridad o como un paso más en una desvinculación más amplia de los sistemas tecnológicos de ambos países. Cualquier respuesta formal china, cuando llegue, influirá en cómo lean los fabricantes la fecha límite de diciembre de 2028: como una fecha firme en torno a la cual planificar o como el primer movimiento de una negociación.
En la información de Reuters sobre la votación no se incluyó ninguna reacción de fabricantes ni de grupos del sector, y sería un error inventarla. Pero las preguntas que harán los fabricantes son fáciles de prever. Querrán saber cuánta capacidad de pruebas existe fuera de China, cuánto tardará la reubicación, si subirán los costes y si los productos que ya están en proceso se verán afectados. El proceso de aprobación simplificado de la FCC para dispositivos probados en laboratorios estadounidenses o en laboratorios de países que no plantean riesgos para la seguridad nacional es, en parte, una respuesta a esas preguntas, pero solo parcial, porque simplificar las aprobaciones no crea por sí sola nueva capacidad de laboratorio.
Para los consumidores estadounidenses, la prohibición probablemente será invisible al principio. No retira ningún producto de las estanterías y no entra en vigor hasta diciembre de 2028. Sus efectos llegarán gradualmente, a través de las decisiones de los fabricantes sobre dónde probar su próxima generación de dispositivos y de cualquier cambio en el precio o en los plazos de lanzamiento que se derive de trasladar ese trabajo.
Para los fabricantes, lo que está en juego es mayor y más inmediato. Las pruebas no son un trámite final en el desarrollo de un producto; forman parte de los calendarios de lanzamiento, con informes de pruebas, solicitudes de certificación y autorizaciones de equipo secuenciados con meses de antelación. Una empresa que hoy prueba en China debe planificar ahora una transición: encontrar laboratorios acreditados en otro lugar, establecer relaciones con nuevos organismos de certificación y reprogramar su cartera de productos para que la fecha límite de diciembre de 2028 no sorprenda a un lanzamiento estrella en plena certificación. Las empresas con ciclos de producto largos —teléfonos, ordenadores portátiles, equipos de red— sentirán esa presión primero.
Para Estados Unidos, la prohibición es también una señal de política industrial. Hoy solo alrededor del 4% de los dispositivos se prueba en el país. Si la FCC quiere que las pruebas regresen a Estados Unidos o a socios de confianza, necesitará algo más que una prohibición: necesitará laboratorios, ingenieros, capacidad de acreditación y, muy probablemente, inversión. El proceso de aprobación simplificado es un comienzo, pero la verdadera prueba será si la capacidad de pruebas fuera de China crece con la rapidez suficiente para absorber el volumen que hoy fluye por las instalaciones chinas sin crear cuellos de botella ni retrasos.
Para las relaciones entre Estados Unidos y China, la votación añade otra capa a una relación tecnológica ya tensa. Sigue a las prohibiciones de importación de drones y routers y a la restricción de hardware de julio, y llega junto a disputas comerciales y de seguridad más amplias. Cada paso, por separado, puede defenderse por motivos de seguridad; en conjunto, describen una separación constante de los ecosistemas tecnológicos de ambos países, en la que incluso la infraestructura compartida de pruebas y certificación se está dividiendo.
La pregunta más inmediata es cómo aplicará la FCC la fecha límite de diciembre de 2028. Los fabricantes y los laboratorios buscarán orientaciones detalladas sobre qué laboratorios y organismos de certificación resultan afectados, cómo se tratarán los informes de pruebas existentes y qué ocurrirá con los productos que ya estén en proceso de certificación cuando entre en vigor la prohibición. La claridad sobre esos puntos determinará si la transición es ordenada o caótica.
La segunda pregunta es la capacidad. El sector observará si los laboratorios de Estados Unidos y de otros países de confianza se amplían con la rapidez suficiente para asumir el volumen redirigido, y si las aprobaciones simplificadas de la FCC acortan realmente los plazos. Si la capacidad se queda corta, los fabricantes podrían enfrentarse a esperas más largas, costes más altos o lanzamientos retrasados, y crecerá la presión sobre la FCC para prorrogar la fecha límite o suavizar la norma.
La tercera pregunta es la respuesta de Pekín. Una reacción formal china, restricciones de represalia contra laboratorios o empresas estadounidenses, o un nuevo impulso hacia un acuerdo de pruebas recíproco podrían cambiar el panorama. También podría hacerlo un recurso legal de laboratorios o fabricantes afectados, que pondría a prueba si los argumentos de seguridad y reciprocidad de la FCC se sostienen ante un tribunal.
Por último, hay que estar atentos a los próximos pasos de la FCC en la misma dirección. La agencia ha pasado, en secuencia, de los laboratorios propiedad del Gobierno a todos los laboratorios chinos, de los drones y routers al hardware dentro de los dispositivos, y ahora al sistema de pruebas mismo. El patrón sugiere que es posible una nueva actuación sobre otras puertas de entrada a la infraestructura de comunicaciones estadounidense, y que las empresas deberían tratar el cumplimiento en materia de seguridad tecnológica como un rasgo permanente de su planificación, no como una perturbación puntual.
La FCC votó el 29 de octubre de 2026 prohibir que todos los laboratorios chinos prueben dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos inteligentes, cámaras y ordenadores, para su uso en Estados Unidos, y vetar los laboratorios de pruebas y organismos de certificación de países que niegan un trato recíproco a los laboratorios estadounidenses.
Las prohibiciones entrarán en vigor en diciembre de 2028, lo que da a fabricantes y laboratorios un periodo de transición de algo más de dos años.
El presidente de la FCC, Brendan Carr, dijo que en 2025 el 82% de los dispositivos electrónicos se probaron en China, mientras que alrededor del 4% de todos los dispositivos electrónicos se probaron en laboratorios dentro de Estados Unidos.
No. En 2025, la FCC prohibió que laboratorios propiedad del Gobierno chino o controlados por él probaran dispositivos electrónicos estadounidenses, y varias decenas de laboratorios quedaron vetados. La votación de octubre de 2026 amplía esa prohibición a todos los laboratorios chinos.
No directamente. Apunta a la puerta de entrada de las pruebas y la certificación, más que a la venta de dispositivos terminados, pero obligará a los fabricantes a trasladar su trabajo de pruebas fuera de China antes de diciembre de 2028, lo que podría afectar a los plazos de lanzamiento y a los costes.
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