El exdirector del FBI James Comey se enfrenta a un tercer caso penal presentado por el Departamento de Justicia bajo el presidente Donald Trump, después de que los fiscales federales revelaran el lunes 26 de octubre de 2026 un documento de acusación en el que se le imputa haber transmitido información de defensa nacional y haber conspirado para hacerlo en octubre de 2016. El tercer caso penal contra James Comey llega apenas ocho días antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre y reavivó de inmediato una feroz discusión sobre si el Departamento de Justicia está aplicando legítimamente la legislación de seguridad nacional o utilizando las acusaciones penales como arma política contra uno de los críticos más destacados del presidente.

El caso se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, no como una acusación formal devuelta por un gran jurado, sino como una información penal presentada directamente por los fiscales. Esa elección procesal está ahora en el centro de la batalla legal, porque los abogados de Comey ya han solicitado que el caso sea desestimado, argumentando que los cargos han prescrito y que se presentaron en una forma indebida. El propio Comey respondió en pocas horas en un vídeo publicado en internet, negando cualquier delito y prometiendo luchar contra la acusación ante los tribunales, tal como ha luchado contra los dos casos anteriores presentados contra él durante el segundo mandato de Trump.

Puntos Clave

• Los fiscales federales revelaron el 26 de octubre de 2026 una información penal que acusa a James Comey de transmitir información de defensa nacional y de conspirar para hacerlo, en virtud de los apartados 793(d) y 793(g) del Título 18 del Código de Estados Unidos.
• La presunta conducta data del 4 y 5 de octubre de 2016 y está vinculada a un artículo de The New York Times publicado el 5 de octubre de 2016; los fiscales alegan que Comey ordenó a un intermediario hablar con un periodista sobre material marcado como clasificado.
• La presentación se realizó bajo secreto el 5 de octubre de 2026, exactamente diez años después de la presunta revelación, y se hizo pública el 26 de octubre a petición de los abogados de Comey, según la información judicial.
• Comey niega los cargos y califica la acusación de abuso atroz del Departamento de Justicia, mientras su abogado afirma que el documento pretende imputarle delitos que no cometió.
• El Departamento de Justicia sostiene que presentar una información penal para evitar que expire el plazo de prescripción es una práctica ampliamente reconocida y aprobada por varios tribunales federales de apelación.
• Este es el tercer asunto penal impulsado contra Comey bajo la Administración Trump, tras un caso de declaraciones falsas que fue desestimado y otro aún pendiente relacionado con una publicación en redes sociales.

Qué Pasó

Los documentos judiciales hechos públicos el lunes acusan al exdirector del FBI de compartir información sensible de defensa nacional con una persona no autorizada a recibirla y de ordenar a otra persona que compartiera información sensible con un medio de comunicación. Los documentos no identifican públicamente con precisión qué información se habría compartido ni nombran a todas las personas implicadas, y describen la presunta revelación en términos generales vinculados a la cobertura publicada en octubre de 2016, cuando Comey dirigía el FBI bajo el presidente Barack Obama.

Los fiscales afirman que el momento de la presentación fue decisivo. La información penal se presentó bajo secreto el 5 de octubre, la fecha en la que, según el departamento, habría expirado el plazo de prescripción de diez años. Al presentarla antes de esa fecha límite, los fiscales aseguran que preservaron el caso. El documento permaneció sellado durante tres semanas y solo se hizo público el 26 de octubre, después de que el equipo legal de Comey pidiera su apertura.

La distinción entre una información penal y una acusación formal es ahora central. Una acusación formal la devuelve un gran jurado; una información penal la presentan los propios fiscales. Los abogados de Comey argumentan que utilizar una información de este modo, años después de los presuntos hechos, hace que la acusación sea jurídicamente indebida, un argumento que previsiblemente se pondrá a prueba primero, antes de cualquier juicio sobre los hechos.

Tercer caso penal contra James Comey: las acusaciones de 2016

El tercer caso penal contra James Comey se basa en hechos de las últimas semanas de la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, un periodo en el que el director del FBI ya era uno de los funcionarios más escrutados de Washington. Según la información sobre los documentos judiciales, los fiscales alegan que Comey ordenó a un intermediario no identificado hablar con el periodista de The New York Times Charlie Savage sobre material que llevaba una marca de clasificado, en relación con un artículo del Times publicado el 5 de octubre de 2016. Los cargos invocan disposiciones de la Ley de Espionaje rara vez utilizadas contra un alto exfuncionario, disposiciones que penalizan la comunicación deliberada de información de defensa nacional a destinatarios no autorizados.

Lo que el registro público aún no muestra es el contenido de la información en cuestión ni cómo pretenden probar los fiscales que Comey sabía que la revelación era ilícita. Esos vacíos son normales en la fase de acusación, pero significan que las afirmaciones más contundentes del caso siguen sin ponerse a prueba, y los casos de la Ley de Espionaje contra altos exfuncionarios tienden a girar precisamente en torno a estas cuestiones de contenido, intención y destinatario.

La defensa de Comey ya ha señalado su tema central: su abogado, Patrick Fitzgerald, afirmó que el Gobierno había investigado el asunto dos veces antes y que en ambas ocasiones decidió que no debían presentarse cargos contra nadie.

Antecedentes: cómo Comey se convirtió en el crítico más procesado de Trump

Para entender la reacción, hay que repasar la historia entre Comey y Trump. Comey fue despedido por Trump durante el primer mandato del presidente, en mayo de 2017, mientras el FBI investigaba los vínculos entre la campaña de Trump de 2016 y Rusia. Desde entonces, Trump considera a Comey un enemigo.

Durante el segundo mandato de Trump, el Departamento de Justicia ha perseguido a Comey ya tres veces. El primer caso, en el que se le acusaba de mentir al Congreso sobre filtraciones a los medios, fue desestimado después de que un juez determinara que el fiscal que lo presentó había sido nombrado ilegalmente. El segundo, aún pendiente, alega que Comey amenazó al presidente al publicar una fotografía de conchas marinas dispuestas de forma que se leía «8647», algo que Comey niega que pretendiera como una amenaza.

El tercer caso llegó el mismo día en que un juez federal dictaminó que el departamento había despedido ilegalmente a la hija de Comey, Maurene Comey, exfiscal federal de Manhattan, y ordenó su reincorporación retroactiva con salarios atrasados y prestaciones de jubilación. Esa coincidencia ha alimentado las afirmaciones de los partidarios de Comey de que los procesos son una represalia, una acusación que el departamento rechaza.

Reacciones y Declaraciones

Comey respondió a los nuevos cargos en una declaración en vídeo publicada en Instagram, con un tono desafiante que evocaba sus respuestas a los casos anteriores. «Bueno, han vuelto, otra vez», dijo. «Casi sería gracioso si no fuera un abuso tan atroz del Departamento de Justicia, un abuso al que no podemos acostumbrarnos». Añadió: «Nada ha cambiado en mí, sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo de esta gente». Cerró instando a sus partidarios a mantener la fe en el sistema estadounidense, incluido su poder judicial independiente, diciendo: «Es realmente importante que nos mantengamos firmes y conservemos la fe en Estados Unidos».

Su abogado, Patrick Fitzgerald, afirmó que el documento de acusación «pretende imputar al Sr. Comey delitos que no cometió».

El Departamento de Justicia defendió la forma en que se presentó el caso. «El Departamento presentó una información penal sin renuncia para interrumpir el plazo de prescripción en lo que respecta a las acusaciones relativas al exdirector del FBI Comey», declaró el departamento. «Presentar una información penal para interrumpir el plazo de prescripción es una práctica ampliamente reconocida en los tribunales federales y ha sido aprobada por varios tribunales de apelaciones de circuito». Añadió: «Esta es una investigación penal en curso y no haremos más comentarios».

Fuera de la sala del tribunal, la reacción se dividió en líneas conocidas. Los críticos describieron el caso como el último paso de una campaña para utilizar el Departamento de Justicia contra los oponentes políticos, señalando la desestimación del primer caso y el momento, tan cercano a las elecciones de mitad de mandato. Los partidarios argumentan que ningún exfuncionario debería estar por encima de la ley y que la presunta revelación de material marcado como clasificado, si se prueba, es un delito grave independientemente de la política.

Por Qué Importa

La importancia de este caso va mucho más allá de un exdirector del FBI. En primer lugar, pone a prueba los límites de la Ley de Espionaje, una norma centenaria escrita para espías y saboteadores que rara vez se ha dirigido contra altos exfuncionarios por conversaciones con periodistas. La forma en que los tribunales aborden aquí las cuestiones de la prescripción y de la información penal podría moldear cómo se presenten futuras investigaciones sobre filtraciones.

En segundo lugar, el caso llega en el tramo final de una campaña de mitad de mandato en la que la independencia del Departamento de Justicia es en sí misma un tema central. Los votantes acuden a las urnas el 3 de noviembre, y un exdirector del FBI que se enfrenta a un tercer proceso —con un caso ya desestimado por un fiscal nombrado ilegalmente— figurará con seguridad en los argumentos de campaña de ambos bandos.

En tercer lugar, el caso plantea una cuestión práctica para el propio departamento. Si los tribunales también desestiman esta acusación, la Administración habrá perseguido a su crítico más destacado tres veces sin lograr una condena.

Qué Sigue

El siguiente paso inmediato es la solicitud de desestimación de la defensa, en la que los abogados de Comey argumentarán que los cargos han prescrito y que se presentaron indebidamente mediante información en lugar de acusación formal. El juez tendrá que decidir si la presentación del 5 de octubre preservó válidamente el caso y si los fiscales deben buscar ahora una acusación formal de un gran jurado. Esa decisión podría tardar semanas, y cualquiera de las partes podría recurrir, lo que alargaría el calendario mucho más allá de las elecciones de mitad de mandato.

Si el caso sigue adelante, los fiscales tendrán entonces que probar el fondo: que Comey transmitió a sabiendas información de defensa nacional, o conspiró para hacerlo, a personas no autorizadas a recibirla. Mientras tanto, el segundo caso, el de la fotografía de las conchas marinas, sigue pendiente.

Preguntas Frecuentes

¿De qué se acusa a James Comey en el tercer caso? Se le acusa de comunicar a sabiendas información de defensa nacional y de conspirar para hacerlo, en virtud de los apartados 793(d) y 793(g) del Título 18 del Código de Estados Unidos, sobre la base de presuntas revelaciones en octubre de 2016 vinculadas a un artículo de The New York Times.

¿Por qué el caso se presentó como una información penal en lugar de una acusación formal? Los fiscales afirman que presentaron la información el 5 de octubre de 2026 para evitar que expirara el plazo de prescripción de diez años. Los abogados de Comey cuestionan ese planteamiento y han solicitado la desestimación del caso por prescripción y por presentación indebida.

¿Qué dijo James Comey sobre los nuevos cargos? En una declaración en vídeo, afirmó que sigue siendo inocente y que no tiene miedo, y calificó la acusación de abuso atroz del Departamento de Justicia al que los estadounidenses no pueden acostumbrarse.

¿Qué ocurrió con los dos primeros casos contra Comey? El primer caso, en el que se le acusaba de mentir al Congreso, fue desestimado después de que un juez determinara que el fiscal había sido nombrado ilegalmente. El segundo caso, relacionado con una fotografía en redes sociales de conchas marinas que formaban «8647», sigue pendiente.

¿Cómo se relaciona este caso con las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre? Los cargos se hicieron públicos el 26 de octubre, ocho días antes de las elecciones, y la independencia del Departamento de Justicia es un tema importante de campaña, por lo que el caso figurará con seguridad en los argumentos electorales de ambos bandos.

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