
El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, defendió la independencia judicial en Buffalo, Nueva York, el miércoles, al afirmar ante jueces y abogados que los tribunales federales existen para resolver casos y, al hacerlo, frenar los excesos del Congreso y del Ejecutivo. La independencia judicial según Roberts fue el tema inconfundible de una intervención que arrancó aplausos entre las 600 personas reunidas para conmemorar el 125.º aniversario de los tribunales federales del Distrito Oeste de Nueva York.
“La independencia judicial es crucial”, dijo Roberts, según la agencia Associated Press. Describió los tres poderes iguales del Estado como la única innovación de la Constitución y añadió: “Esa innovación no funciona si el poder judicial no es independiente”. El presidente del tribunal, nacido en Buffalo, hablaba en su ciudad natal en un momento en que el presidente Donald Trump y sus aliados han atacado repetidamente a los jueces federales que han frenado partes de la agenda del Gobierno, acusando a los llamados “jueces activistas” de excederse en sus funciones.
Roberts habló en conversación con un juez federal en un encuentro de jueces y abogados en Buffalo, respondiendo a preguntas sobre la independencia judicial en un momento en que los tribunales sufren una presión política constante. Su respuesta fue directa. La función de los tribunales federales, dijo, es “resolver casos, pero al hacerlo, frenar los excesos del Congreso o del Ejecutivo”. Esa función, añadió, “exige un grado de independencia”.
La reacción del público fue inmediata. Associated Press informó de aplausos entre las 600 personas presentes cuando Roberts defendió un poder judicial independiente, un tema al que ha vuelto una y otra vez aun evitando en general nombrar a sus críticos. Gran parte de lo que dijo era terreno conocido para un presidente del tribunal que ya había defendido la institución antes. Lo que dio nueva fuerza a sus palabras fue el momento: llegaron días antes de las elecciones del 3 de noviembre, con el Tribunal Supremo a punto de abordar una serie de casos destacados y recursos de emergencia presentados por el Gobierno de Trump.
Roberts también abordó los llamamientos, hechos por Trump y algunos de sus aliados, a someter a juicio político a jueces por sus fallos. Repitió en gran medida la inusual declaración pública que emitió en marzo, cuando rechazó esos llamamientos después de que el presidente planteara destituir al juez de distrito James Boasberg. “El juicio político no es la forma de mostrar desacuerdo con una decisión”, dijo Roberts, reiterando que el proceso normal de apelación, y no el juicio político, existe para ese fin. Añadió que no tiene planes de jubilarse, un dato que disipa cualquier especulación sobre una vacante al frente del tribunal.
La tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales lleva meses creciendo. Los jueces federales han pausado o detenido partes clave de la agenda del presidente, incluidas órdenes ejecutivas y medidas de control migratorio, y algunos de esos fallos proceden de jueces nombrados por el propio Trump en su primer mandato. El Gobierno y sus partidarios han respondido acusando a los jueces de actuar como oponentes políticos en lugar de árbitros neutrales, y hablando de juicios políticos a los que Roberts ya ha replicado públicamente en dos ocasiones.
Roberts, nombrado para el Tribunal Supremo por el presidente George W. Bush en 2005, presenta desde hace tiempo la independencia judicial como una necesidad estructural y no como un privilegio personal de los jueces. En Buffalo volvió a ese argumento: la división del poder en tres ramas iguales solo funciona, dijo, si el poder judicial puede resolver casos sin temor a represalias políticas. Ese enfoque importa porque desplaza el debate de un fallo concreto al sistema en su conjunto. Un juez que bloquea una medida, desde esta perspectiva, no está frustrando la democracia, sino ejerciendo la función de control que el sistema asigna a los tribunales.
Sus palabras también llegaron menos de una semana después de una enérgica condena de los ataques contra los jueces por parte de la jueza Ketanji Brown Jackson. Las dos intervenciones, juntas, constituyen la defensa pública más visible de la independencia judicial por parte del tribunal en meses, expresada no mediante sentencias sino mediante discursos de dos de sus miembros. Y se produjeron el mismo día en que la fricción del poder judicial con el Gobierno quedó plenamente expuesta en Washington, donde el juez Boasberg dedicó más de una hora a interrogar a abogados del Departamento de Justicia sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar de forma expeditiva a cientos de migrantes a El Salvador a principios de este año. La orden de Boasberg del 15 de marzo, que bloqueó temporalmente ese uso de la ley, ya había provocado la ira de la Casa Blanca y los llamamientos al juicio político a los que Roberts respondió en marzo.
La independencia judicial según Roberts no es un lema nuevo para el presidente del tribunal, pero el discurso de Buffalo se entiende mejor como respuesta a un momento concreto. El Tribunal Supremo tiene previsto resolver en los próximos meses varios casos destacados y recursos de emergencia presentados por el Gobierno de Trump, casos que casi con seguridad mantendrán al tribunal en el centro de la atención. Entre ellos figuran las órdenes ejecutivas que prohíben a personas transgénero servir en el ejército, la reincorporación de empleados federales despedidos y un caso sobre si los niños nacidos en Estados Unidos de padres que entraron ilegalmente en el país deben recibir la ciudadanía, con argumentos orales en el caso de ciudadanía previstos para la próxima semana.
Al hablar antes de esos argumentos, Roberts estaba estableciendo, en su opinión, las reglas del juego: el tribunal resolverá los casos, y lo hará con independencia de la presión política que los rodea. Ese mensaje tiene dos filos. Tranquiliza a los críticos del Gobierno en el sentido de que los fallos contra el Ejecutivo son ejercicios legítimos del poder judicial, y advierte a los partidarios del Gobierno de que un fallo que no les guste no es, por sí solo, prueba de mala conducta judicial. También sitúa al propio presidente del tribunal en el centro de las batallas que vienen, ya que presidirá un tribunal con mayoría conservadora de 6 a 3 que en los últimos años ha confirmado y bloqueado importantes medidas de Trump.
El escenario de Buffalo añadió una nota personal. Roberts nació en la ciudad, y el acto conmemoraba 125 años de los tribunales federales del Distrito Oeste de Nueva York. Ante un público local de jueces y abogados, presentó la independencia como una herencia local tanto como un principio nacional: un sistema construido en sus salas, sostenido por su trabajo y dependiente de la voluntad del público de aceptar decisiones que no le gustan.
Las frases centrales de Roberts se citaron ampliamente pocas horas después de la intervención. “La independencia judicial es crucial”, dijo. “Esa innovación no funciona si el poder judicial no es independiente”. Sobre el juicio político, fue igualmente claro: “El juicio político no es la forma de mostrar desacuerdo con una decisión”. Los aplausos de la sala sugieren que el público de jueces y abogados escuchó sus palabras como una defensa de su propio trabajo tanto como del Tribunal Supremo.
La Casa Blanca no ha emitido, en la información revisada para este artículo, una respuesta directa a las palabras de Buffalo. Ese silencio es en sí mismo notable: la declaración de Roberts de marzo provocó entonces una dura reacción de los partidarios del presidente, y sus últimas palabras repiten la misma posición con un lenguaje institucional más firme. Los comentaristas jurídicos, por su parte, han leído el discurso como una reafirmación deliberada, señalando que Roberts optó por reiterar su posición justo cuando el tribunal se prepara para su agenda más cargada políticamente en años, en lugar de esperar a que una sentencia hable por él.
Dentro del poder judicial, el discurso coincidió con la audiencia de Washington del juez Boasberg, donde el magistrado presionó a los abogados del Departamento de Justicia sobre declaraciones de Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La coincidencia ilustró en tiempo real el argumento de Roberts: los jueces de tribunales inferiores siguen poniendo a prueba las afirmaciones del Gobierno en audiencias públicas, y el presidente del tribunal está defendiendo públicamente su derecho a hacerlo.
El discurso importa porque la confianza pública en los tribunales forma parte, en sí misma, de cómo funcionan los tribunales. Un fallo que la parte perdedora acepta como legítimo, aunque sea a regañadientes, pone fin a una disputa. Un fallo descartado como obra de un juez partidista invita a la desobediencia, a más litigios y a represalias políticas, incluidos los llamamientos al juicio político. El argumento de Roberts es que la independencia es lo que hace posible la aceptación: si los jueces pueden ser castigados por decisiones impopulares, sus decisiones dejan de ser un control del poder y pasan a ser una extensión de él.
También importa para los casos que vienen. Cuando el tribunal se pronuncie sobre la prohibición militar, los empleados despedidos y la ciudadanía por nacimiento, la parte perdedora se verá tentada a atacar al tribunal en lugar de al razonamiento. Roberts ya ha dado la respuesta del tribunal por adelantado, en sus propias palabras, antes de que se redacte ninguna de esas sentencias. Que esa respuesta se sostenga se comprobará no con discursos, sino con las propias sentencias y con la forma en que los poderes políticos las reciban.
El calendario del tribunal hablará a continuación. Se espera que los argumentos orales en el caso de ciudadanía por nacimiento comiencen la próxima semana, y que los casos militares y de empleados federales sigan en los meses siguientes. Cada uno pondrá a prueba el argumento de Buffalo de Roberts de una manera distinta, y cada uno producirá un fallo que disgustará a un lado de la división política. Habrá que observar, además, si la Casa Blanca o sus aliados renuevan los llamamientos al juicio político tras cualquier fallo contra el Gobierno, y si Roberts responde de nuevo.
Mientras tanto, los tribunales inferiores continúan su trabajo. El caso de deportaciones del juez Boasberg, el litigio sobre el derecho al voto que se encamina a un fallo el 2 de noviembre y las numerosas apelaciones de emergencia que siguen en curso llegarán de algún modo al Tribunal Supremo. El mensaje de Roberts a esos jueces fue claro: resuelvan los casos y confíen en que la independencia, y no la aprobación, es el trabajo.
Dijo que la independencia judicial es crucial, que los tribunales federales existen para “resolver casos, pero al hacerlo, frenar los excesos del Congreso o del Ejecutivo”, y que el sistema de tres poderes iguales no funciona si el poder judicial no es independiente.
Repitió su posición de marzo de que el juicio político no es la forma de mostrar desacuerdo con una decisión, y que el proceso normal de apelación existe para ese fin, después de que aliados de Trump plantearan destituir a jueces por sus fallos.
No. Afirmó en Buffalo que no tiene planes de jubilarse.
Casos sobre la prohibición de militares transgénero, la reincorporación de empleados federales despedidos y la ciudadanía por nacimiento, con argumentos orales en el caso de ciudadanía previstos para la próxima semana.
Sus palabras llegaron en medio de ataques constantes contra jueces federales que han pausado partes de la agenda de Trump, menos de una semana después de que la jueza Ketanji Brown Jackson condenara los ataques contra los jueces, y justo antes de una serie de casos destacados del Tribunal Supremo.
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